Apuntes sobre Puerto Rico: Sin pie forzao'

Es la primera vez que escribo sobre Puerto Rico. El lugar donde nací. Nuestra isla. La colonia más antigua del mundo moderno.

Reconozco que escribo esto desde el privilegio. “Parental leave” con mi recién nacido al lado. Escuché “Boricua en la Luna” de Roy Brown y algo hizo clic dentro de mí. Necesitaba escribir sobre Puerto Rico.

Puerto Rico, para mí, es la única relación tóxica que se nos permite tener como boricua.

Mis padres viven aquí. Mi exesposa vive aquí. Mi hija de cinco años vive aquí. La familia de mi pareja vive aquí. Mi hermana vive aquí. Muchos amigos queridos siguen viviendo en Puerto Rico. Así que cuando hablo de Puerto Rico, no es algo académico: estoy viendo en tiempo casi real cómo el gobierno y la infraestructura de Puerto Rico trituran a la gente que quiero. A través de los medios, que es lo que puedo consumir desde el continente estadounidense, lo que más veo es criminalidad y corrupción en todos los niveles de la isla, comentario religioso sobre política, las celebridades y sangre a diestro y siniestro (en la tele, ¡sí! ni siquiera censuran en la isla, pero los temas tabú sobran). Si quien lee esto está en la isla, probablemente conoce situaciones y casos peores que los que yo conozco.

Me gradué del Colegio San Antonio en Río Piedras. Fui a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pero al final abandoné—desilusión tras desilusión—y me fui a perseguir el billete. El sueño americano. Lo conseguí, de hecho: construí y obtuve mi propio sueño americano, luego lo perdí, luego lo recuperé, luego lo perdí otra vez. La mayoría no tiene esa suerte. Nosotros los boricuas trabajamos duro y sufrimos duro.

En fin, el propósito de este ensayo es señalar cosas. Así que si algo aquí le aprieta el estómago o lo molesta un poco, bien. Esa reacción es dato. Confíe en ella. No le pido que esté de acuerdo conmigo. Solo que sienta lo que tenga que sentir al leer.

El Baseline

El ingreso mediano de los hogares en Puerto Rico es $25,096, mientras que en el continente estadounidense es $78,538. Eso implica que aproximadamente ~43% de los residentes de Puerto Rico viven en pobreza, la tasa más alta de cualquier jurisdicción estadounidense. Mississippi, el estado más pobre, está por debajo del 20%. Eso significa que si está en público entre unas diez personas, hay posibilidad de que cuatro estén bajo la línea de pobreza. Este baseline es importante como contexto, y contrasta de forma brutal con la manera en que los boricuas se presentan: el fronte, el famoso piquete.

La electricidad cuesta 34 centavos por kWh. En el continente el promedio ronda 14 centavos. Casi 2.5 veces el precio por una red que ha colapsado una y otra vez bajo gestión privada (¡Hey Luma!).

Los peajes volvieron a subir el 1 de enero de 2026 en PR-22, PR-52, PR-5, PR-20, PR-53, PR-66 y el Puente Teodoro Moscoso (Metro Puerto Rico, 2026). Hacer ida y vuelta por la autopista José de Diego de San Juan a Hatillo cuesta ahora $13.60, antes $12.40 (Primera Hora, 2025).

El porcentaje de deuda sobre ingreso personal ronda el 90%—una razón donde cualquier valor por encima del 50% indica estrés financiero (Consolidated Credit, 2025). Seis de cada diez personas que buscan asesoría financiera expresan sentirse abrumadas por la deuda. “La gente ya no puede llegar a fin de mes y está usando las tarjetas de crédito como parte de su ingreso para mantener cierto nivel de consumo” (Washington Journal Puerto Rico, 2025).

Y la salud no solo se vuelve inaccesible: los médicos se van. Puerto Rico pierde casi 400 médicos al año hacia el continente, donde los médicos de familia ganan en promedio $237,000 frente a $194,307 en la isla (JAMA Health Forum, 2024). Entre 2010 y 2012 más de 4,000 profesionales de la salud—aproximadamente el 9% de la fuerza laboral sanitaria—emigraron al continente (Urban Institute, 2021). Quienes se quedan enfrentan esperas más largas, servicios reducidos y la misma fatiga que impide al resto involucrarse en la política.

Nuestro sistema educativo sigue el mismo patrón. La Universidad de Puerto Rico, el único sistema universitario público de la isla y fuente del 80% de toda la R&D de educación superior en Puerto Rico (Grupo CNE, 2021), ha visto su presupuesto recortado en un 47% desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (Rumbo Alterno, 2024). La Ley 2 de 1966 le garantizaba a la UPR el 9.6% del fondo general. Esa fórmula se congeló en 2015 bajo el PPD y se vació desde 2017 bajo el PNP y la JCF (Momento Crítico, 2022). En un solo cuatrienio la UPR perdió $127 millones en contratos del Departamento de Educación que pasaron a instituciones privadas (Diálogo UPR, 2016). Mientras tanto, administradores del Sistema Ana G. Méndez han expresado públicamente interés en comprar recintos de la UPR como Utuado, Aguadilla y Ponce (Bandera, 2009). El exgobernador Pedro Rosselló trabajó para Ana G. Méndez mientras su hijo impulsaba propuestas de privatización de la educación en línea que canalizarían estudiantes públicos hacia manos privadas (Bandera, 2021). El sistema es una dinastía familiar—fundado por Ana G. Méndez, pasado a su hijo, ahora dirigido por su nieto José F. Méndez Méndez, cuya compensación total en 2024 superó los $1.35 millones en una institución sin fines de lucro con un déficit de $10.7 millones (ProPublica, 2024). Se desfinancia la universidad pública, se le quitan contratos y luego se coloca a la privada para absorber lo que queda. No es negligencia: es literalmente el plan de negocio, y al parecer ni siquiera es oculto; hoy es de dominio público. “Hay un intento de tener un Puerto Rico sin puertorriqueños”, como lo expresó la Dra. Marisol LeBrón (Borgen Magazine, 2025). En el chat de Telegram filtrado de Ricardo Rosselló, su relacionista público Edwin Miranda lo escribió aún más claro: “Vi el futuro. Es tan maravilloso, no hay puertorriqueños” (¡Presente! Media, 2024).

¿Esos carros lujosos que se ven cuando visita? Pues en su mayoría están financiados, claro. Los puertorriqueños cargan $1,300 más en deuda vehicular que el estadounidense continental en promedio, mientras ganan 55% del salario por hora del continente. La Tacoma no es riqueza. Es un préstamo a siete años, 84 meses. El BMW no es una señal de prosperidad, es la mitad visible de una relación deuda-ingreso que se acerca al 90%.

¿Somos los que más gastamos en EE.UU.? No. Pero quizás somos los más apalancados (leveraged). El consumo privado representa 80% del PIB de Puerto Rico, frente a ~68% en el continente. Tenemos el centro comercial más grande del Caribe, 2.1 millones de pies cuadrados de retail, en un territorio donde el 43% vive en pobreza y el ingreso mediano del hogar es $25,096. Wild!

Un testimonio ante el Congreso lo dijo tal cual: “altos niveles de consumo privado e endeudamiento posibilitados por el acceso a una moneda más fuerte de lo que los fundamentos económicos permitirían”. Consumimos a estándares americanos con salarios puertorriqueños, financiados con tarjetas de crédito americanas al 30% de interés.

Así que sí: súbase a la Tacoma, suba la foto de la playa y hablemos de arquetipos (¿estereotipos?).

Los profesionales asalariados

Si es un profesional asalariado en Puerto Rico, casi seguro está tan mal pagado que la participación política se hereda en vez de examinarse. Cómo votan sus padres es probablemente cómo vota usted. Si está siempre exhausto, el viejo sistema del voto íntegro hacía fácil quedarse en lo superficial en política. En 2012 el PNP sacó el 47% de sus votos en línea directa. El PPD el 46%. Eso es 93% de votantes marcando una X bajo el color de la familia. El voto en plancha era lo normal para más del 96% de los votantes.

Un ejemplo concreto de una de las mujeres más trabajadoras que he conocido: una Directora de Ventas en la mayor fabricante de harina de maíz de la isla—empresa de mil millones de dólares—ganando menos de $70,000. Tengo historias así, profesionales de todo tipo, en todos los sectores, y en su mayoría es la misma historia.

Otro: una maestra de escuela pública en la isla ganaba $1,750 al mes como salario base durante 13 años seguidos. Sin ajuste por inflación. Sin aumentos por costo de vida. El mismo piso anual de $21,000 mientras la luz se duplicaba y la comida subía. Hizo falta que el 70% del magisterio saliera a la huelga en 2022 para forzar un aumento temporal de $1,000 mensuales. Mientras tanto, el salario promedio de maestros en el continente es $72,030. Hasta Mississippi, el estado que menos paga, promedia $47,000.

Responsabilidad ejecutiva con pago de principiante del continente: esa es básicamente el vibe, la norma. Si usted vive aquí, sabe que no es raro esto que estoy explicando. Sabe exactamente de quién y de qué hablo.

Ustedes trabajan semanas de 50+ horas y hacen commute por autopistas de peaje que cuestan $35–40 al mes como mínimo. Y además pagan el doble de tarifa eléctrica que el continente.

Cuando llega la temporada electoral, los profesionales asalariados están fritos: la fatiga no es un efecto secundario. Es el mecanismo que asegura que marquen una X. Irse a casa. Mantener la máquina porque no tienen energía para enfrentarla. ¡Rajamos la papeleta! ¡Yupi!

Aproximadamente 22% de estos hogares paga recargos por pago tardío en tarjetas de crédito. No son gente irresponsable. Son profesionales ahogándose en una estructura de costos hecha para desangrarlos poco a poco.

Yo fui uno de estos, pero lo colonizado en mí era demasiado fuerte, así que me fui a perseguir el billete al continente.

La clase del “welfare”

Este grupo, la clase del “welfare”, es explotado por votos y dólares de asistencia federal, muchas veces sin visibilidad clara de cómo funciona la extracción. La fineza en estos asuntos es donde nuestros políticos gastan toda la energía, no en trabajo con sentido de verdad, en relaciones públicas, y la clase asistida se lo traga como sandwichitos de mezcla. Y las otras “clases” hablan tanto pestes de ellos—“los cuponeros son el problema”—¡está tan equivocados!

1.4 millones de personas en Puerto Rico viven bajo la línea federal de pobreza. Casi uno de cada cinco reporta haber dejado de recibir tratamiento médico por el costo (Consumer Financial Protection Bureau, 2023).

Viven vidas genuinamente duras. En mi opinión, nuestra gente vive en dificultad HARD-MODE.

La cultura del consumo se vuelve la única forma accesible de agencia cuando se sobrevive así. Jordans. Efectivo para verse cabrón. Un momento de dignidad. Lo entiendo. La crueldad no es en qué gastan. La crueldad es que el consumo es la única dignidad que ofrece el sistema mientras quita salud, educación y movilidad (dignidad?).

Y no, nuestra gente tampoco tiene techo asegurado. En 2024 el precio promedio de la vivienda en la isla subió 15%, con la vivienda típica costando $221,824. Las familias puertorriqueñas ganan solo 61% del ingreso necesario para calificar para una hipoteca (Reason Foundation, 2025). Entre los inquilinos de ingresos extremadamente bajos, 86% sufre cargas severas por costo, es decir, gastan más de la mitad de su ingreso solo en mantener un techo (National Low Income Housing Coalition, 2025). El conteo oficial puntual encontró 2,096 personas sin hogar en 2024 (San Juan Daily Star, 2024), pero esas cifras no capturan a las familias duplicadas con parientes, quienes duermen en carros o los desplazados post-María que nunca volvieron. La cifra real es peor. Siempre lo es.

Y hablemos de los caseríos públicos—los 328 proyectos de vivienda pública de Puerto Rico donde viven aproximadamente 100,000 personas (Centro de Periodismo Investigativo, 2022). No son solo vivienda. Son laboratorios al aire libre de lo que pasa cuando se concentra la pobreza, se subfinancia el mantenimiento por décadas y luego se culpa a los residentes por el deterioro.

Tras María, caseríos enteros se inundaron por ríos que no se habían manejado bien por años. Edificios fueron condenados por daño sísmico que reveló problemas estructurales que nadie se molestó en arreglar. 1,169 unidades de vivienda están en la lista de demolición, con 492 familias aún viviendo en ellas (Centro de Periodismo Investigativo, 2022). Hay gente literalmente viviendo en edificios programados para demolición. Sin reubicación u opciones. Solo viviendo ahí mientras el gobierno decide qué es rentable.

¿El plan? Derribar los caseríos y construir desarrollos de “ingreso mixto”. Suena progresista hasta que se ven los números. Cuando demolieron Las Gladiolas y construyeron Renaissance Square en Hato Rey, prometieron vivienda para 125 familias. Solo 12 de las familias originales entraron al nuevo complejo (Centro de Periodismo Investigativo, 2022). ¿El resto? Dispersas. Desplazadas. Borradas de barrios donde habían vivido por generaciones.

Esto es gentrificación con bola de demolición. Los caseríos se estigmatizan como peligrosos, se dejan pudrir por negligencia deliberada y luego se limpian para desarrollos que excluyen por precio a todos los que vivían ahí. Y la gente de los caseríos sabe exactamente qué está pasando. No son tontos. Simplemente no tienen poder frente a un sistema que los ve como inventario a reubicar, no como personas con raíces (y la dignidad?).

Cuando se va la luz, esta es la gente que muere primero.

Por cierto: siete años después de María, Puerto Rico todavía no tiene un sistema integrado para identificar a las personas que dependen de la electricidad para sobrevivir.

No estoy calificado para hablar por este grupo. Mi padre creció en pobreza como huérfano en Santurce, pero yo no. Lo que sé es de segunda mano. Lo que sí sé es que son los más explotados y los más desechables cuando falla la infraestructura. Su historia merece una voz en primera persona.

Los acomodados (Los apellidos)

Riqueza heredada, apellidos reconocibles, dinastías políticas. Las familias cuyos nombres aparecen en edificios, bufetes y reportes de financiamiento de campañas en el mismo aliento. Muchos se postulan. Muchos roban. La corrupción en Puerto Rico no es episódica: es ambiental. Un desfile constante de imputaciones en todas las administraciones confirma lo que todo el mundo ya sabe (Refworld, 2012).

Este grupo no solo se beneficia de la corrupción sino que la diseñan. Redactan las leyes, financian las campañas y se sientan en las juntas que otorgan los contratos. Y cuando las cosas colapsan, se refugian detrás de generadores, sistemas privados de agua y urbanizaciones cerradas mientras el resto de la isla se queda a oscuras.

Y están los nuevos apellidos. Los que nadie puede pronunciar porque acaban de llegar. Desde 2012 más de 6,000 inversionistas adinerados del continente se han mudado a Puerto Rico bajo la Ley 60 (antes Leyes 20 y 22), atraídos por 0% de impuesto sobre ganancias de capital manteniendo la ciudadanía estadounidense (Borgen Magazine, 2025). Gastaron un estimado de $1,300 millones en bienes raíces entre 2015 y 2019 (Catalyst Planet, 2025). Los precios de vivienda en San Juan subieron 22% entre 2018 y 2021. El listado mediano en San Juan llegó a $905,000 en enero de 2024 (YIP Institute, 2024). En un territorio donde el ingreso mediano del hogar es $25,096.

El premio Nobel Joseph Stiglitz lo dijo directo: “No creo que atraer evasores de impuestos sea algo bueno. En lugar de traer ingresos, están elevando el costo de vida” (Latino Rebels, 2022). El Centro de Periodismo Investigativo encontró que la mayoría de los beneficiarios de la Ley 22 “apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local” (Latino Rebels, 2022).

Así que el dinero viejo roba por la política y el dinero nuevo por el código tributario. El resultado es el mismo: los puertorriqueños son desplazados de su propia isla. Bloques enteros en Condado y el Viejo San Juan convertidos en Airbnbs. El Charco del Hippie, un charco donde familias nadaron por generaciones cerca de El Yunque, vendido por $2.2 millones a inversionistas que lo mercadean para alquileres cortos. Residentes de Vieques lo describieron como un “tsunami de gentrificación” en una audiencia de descolonización de la ONU (Time, 2021).

Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Los apellidos viejos vacacionan en España, mandan a sus hijos a universidades de EE.UU. e invierten en bienes raíces en el continente. Los nuevos llegan, compran frente al mar, evaden impuestos y peticionan al gobierno local para proteger su inversión mientras demandan para bloquear los modestos requisitos de donación de sus propios decretos contributivos.

El expediente es público. Las imputaciones son públicas. Los datos de desplazamiento son públicos. Lo que no es público es ningún plan coherente para revertirlo. La colonización no es algo que solo pasó: ¡sigue pasando!

El bloque religioso

La congregación que vota como se le indica.

Proyecto Dignidad obtuvo 73,613 votos en la carrera gubernatorial de 2024. Eso es 6.63%. Bajó desde 87,379 en 2020, así que por toda métrica electoral están menguando, pero también aprobaron más legislación motivada religiosamente en 2025 que en las cuatro décadas anteriores juntas. Ese ~7% será importante más adelante.

PD tiene dos legisladores. Dos. La Senadora Joanne Rodríguez Veve y la Representante Lisie Burgos Muñiz. Pero Rodríguez Veve, abogada canónica formada en derecho de la Iglesia católica, redactó o co-redactó prácticamente cada pieza mayor de legislación socialmente conservadora de la sesión actual. Por cierto, la supermayoría PNP llevó estas iniciativas hasta la meta.

Cinco leyes de dos legisladores “¿fundamentalistas cristianos?” en una sesión. Este es el tipo de cosa que estamos viendo ahora del bloque religioso en Puerto Rico. Me pregunto si importamos estas ideas del continente.

El Secretario de Justicia actual ha emitido la opinión legal de que, tras la revocación de Roe v. Wade, el aborto en Puerto Rico se rige por el Código Penal, es decir que solo es legal cuando se realiza para proteger la vida o la salud de la mujer (Center for Reproductive Rights, 2025). Coaliciones feministas convocaron un “pañuelazo” el 22 de diciembre de 2025, en la línea del movimiento latinoamericano Marea Verde (Left Voice, 2026). Médicos advirtieron que podrían ser considerados sospechosos de asesinato bajo los nuevos estatutos.

Así que sí, ¿cómo hace un partido con 7% del voto esto? ¿Cómo tiene tanto poder el bloque religioso en Puerto Rico?

¡Son las malditas iglesias y redes de iglesias! La población protestante de Puerto Rico ronda el 33–38%, mayormente pentecostal (Wikipedia, “Protestantism in Puerto Rico”). La isla tiene iglesias en casi cada esquina, múltiples estaciones de radio y televisión cristianas, institutos y seminarios. El fundador de PD, el Dr. César Vázquez Muñiz, es cardiólogo y ex pastor cuya bio en X sigue diciendo: “médico cardiólogo, defensor del matrimonio, la familia y la vida; pastor” (WIPR, 2019). El partido construyó organizaciones en los 78 municipios y nominó 401 candidatos en 2024, incluyendo 43 candidatos a alcalde, en solo cinco años (El Vocero, 2025; McConnell Valdés, 2024). Ese tipo de cobertura territorial en cinco años no sale de organización política convencional. Sale de tener un edificio y una congregación en cada pueblo ya. ¿Por qué estas comunidades de activismo político, perdón, iglesias, no pagan contribuciones? Eso es material para otro ensayo.

PD no necesita ganar elecciones para moldear la gobernanza, por cierto. Solo necesita que la supermayoría PNP lleve sus proyectos de ley, y en 2024 PD se alineó con PNP y PPD en una coalición respaldada abiertamente por más de 140 corporaciones y asociaciones empresariales bajo el nombre “La democracia es prosperidad” (Revolutionary Communists of America, 2025). Los feligreses conservadores que votan PNP igual presionan a sus legisladores PNP para adoptar posiciones de PD. La iglesia enmarca los temas, la congregación aplica la presión y el PNP entrega los votos.

La gente diezma dinero que no tiene a iglesias que les dicen cómo votar por políticos que recortan la salud y criminalizan las decisiones médicas de sus hijas.

Luego rezan.

Los más cool

Jóvenes, educados y severamente online.

Hiper “conscientes” de Venezuela, Cuba o Sudán como performance y muy opinados sobre Israel y Palestina y muy metidos en la política de EE.UU., o al menos en tener opiniones al respecto. Muchos consumen su política como consumen Netflix: sin parar, pasivamente, como ruido de fondo que produce la ilusión de participación. Conoces al menos a una persona así, lo sabes.

Pero muchos de ellos nunca han votado en una elección puertorriqueña.

“Todos son una mierda.” “No importa.” “Ninguno sirve.” “Todos son corruptos.” “¿Cuál es el punto?”

La cosa es esta: pueden tener más razón que equivocación, y esa es la parte con la que nadie quiere aceptar o entender.

En 2016 el Congreso de EE.UU. aprobó PROMESA e instaló “La Junta” en Puerto Rico, una Junta de Supervisión y Administración Financiera con amplios poderes sobre el presupuesto de Puerto Rico donde los siete miembros son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos. Ni el Gobernador ni la Legislatura pueden ejercer control, supervisión ni fiscalización sobre la Junta o sus actividades (Wikipedia: PROMESA; Oversight Board FAQ). La Junta recortó pensiones, retrasó infraestructura e impuso medidas de austeridad que vaciaron los servicios públicos (Medium: The Last Two Standing, 2025). El 70% de los votantes de Puerto Rico ve la Junta desfavorablemente (Data for Progress, 2021).

Así que cuando alguien de 28 años dice “no importa quién gane”, no está siendo flojo. Está observando que las decisiones fiscales más importantes de la isla las toman siete personas que no eligieron y no pueden remover, lo que hace que las elecciones locales, estructuralmente, sean una pelea por quién administra el plan de austeridad de otro.

Un estudio de Penn State encontró el patrón: la juventud puertorriqueña muestra a la vez bajo voto formal y alta orientación activista (PSU Dissertation, 2022). Esa combinación señala una población que ve el sistema electoral como irrelevante para sus preocupaciones reales, no una población que se siente sin poder. Sus padres no solo vieron cómo los votos no cambiaban nada. Sus padres participaron intensamente en un sistema que repartía clientelismo y nepotismo a los de adentro y estancamiento al resto, que es casi todo el resto de la isla. La lección absorbida no es “nada funciona”. Es “el juego está arreglado y participar es legitimar el arreglo”. Esa creencia es más específica y más difícil de deshacer que la apatía genérica.

Y está la válvula de escape: irse de la isla, como yo. Más de 700,000 puertorriqueños en edad laboral han migrado al continente en los últimos 15 años (NBC News, 2024). La población en los estados ya supera a la de la isla, con Florida superando recientemente a Nueva York como el estado con la diáspora puertorriqueña más grande (Scholars Strategy Network, 2024). El sistema nunca tiene que reformarse porque sus críticos más duros se van. La frustración se libera por la salida en vez de construir presión interna para el cambio. Quienes están en mejor posición para exigir rendición de cuentas son los mismos con el incentivo económico más fuerte para irse, y cuando lo hacen, salen por completo del cálculo político de la isla.

De 150,000 jóvenes boricuas que alcanzaron edad de votar antes de las elecciones de 2024, solo 40,000, aproximadamente 25%, se habían registrado (The Latino Newsletter, 2024). La tasa de desempleo juvenil en Puerto Rico es 12.5% (World Bank, 2024). La tasa de participación laboral baja a aproximadamente 22% para edades 15–24 (MacroTrends, 2023).

Estos son quienes heredarán la deuda, los apagones, los aumentos de peaje y el cierre de hospitales. Ya lo viven. Y la mayoría está demasiado ocupada sobreviviendo para rastrear la arquitectura del porqué.

Porque siempre estuvo la opción.

El Partido Independentista Puertorriqueño ha estado en la papeleta desde 1948. Setenta y siete años. Un partido que centra la soberanía puertorriqueña, la gobernanza puertorriqueña, la autodeterminación puertorriqueña. Nunca ha tenido la gobernación. Ni una vez. Y no digo que la isla no tendría sus propios problemas bajo otra gobernanza. Seguiríamos siendo territorio de EE.UU. y tendríamos que asumir el desastre que armáramos. Pero al menos estaríamos tomando nuestras propias decisiones sobre nuestro propio futuro, y esa distinción importa.

¿Por qué no ha pasado? Generaciones de puertorriqueños han sido tan profundamente colonizadas que votar PIP se registra como secesión del imperio. Este ensayo es testimonio de mi propio desprogramarme. La colonización corre hondo en la mayoría y no nos damos cuenta. Imagine pensar que marcar una papeleta significa que la Marina llega el martes y los cheques del Seguro Social se paran el miércoles. La Guerra Fría nos hizo un papelón y seguimos viviendo con el residuo. Décadas de miedo de los partidos estadistas, propaganda y dependencia económica real de transferencias federales y la memoria muscular cultural de equiparar “independencia” con “Cuba” convirtieron el voto por la autogobernanza puertorriqueña en algo que se sintió existencialmente peligroso. Eso no es estupidez. Es la colonización funcionando exactamente como fue diseñada.

Así que cuando los datos de 2024 abrieron el relato con la Alianza, no fue porque los jóvenes votantes descubrieran de pronto la descolonización. Fue porque la coalición Alianza (PIP + MVC) les dio un vehículo que no activaba el pánico generacional.

Juan Dalmau y la Alianza obtuvieron 77% del voto juvenil según encuestas de estudiantes universitarios en Puerto Rico (LA Progressive, 2025). El referéndum de status resultó en 51% a 49% de rechazo al estadoísmo, con 43% apoyando opciones de soberanía. La participación subió del 55% en 2020 a casi 65% en 2024 (IFES Election Guide, 2024). Los votantes jóvenes respondieron más favorablemente a candidatos con compromisos explícitos de autodeterminación, con un neto positivo de +44 puntos entre jóvenes frente a +7 entre votantes mayores de 60 (Right to Democracy, 2024).

Dalmau no corrió como el candidato independentista. Corrió como el candidato anticorrupción, anticolonial, pro-Puerto Rico. La Alianza reempaquetó lo que el PIP había dicho por siete décadas en una marca de coalición que no se sentaba en la papeleta como una granada. Y los jóvenes votantes aparecieron.

Lo que significa que la desvinculación nunca fue realmente apatía. Era condicionamiento colonial tan profundo que la autogobernanza se veía como autodestrucción. La opción de tomarse Puerto Rico en serio estaba en cada papeleta que nunca marcaron. Su propio colonialismo internalizado les impidió verla.

La Alianza lo hizo más fácil de ver. Si esa coalición se sostiene más allá de un ciclo es una pregunta abierta. Pero el PIP ha estado en la papeleta desde antes de que nacieran sus abuelos.

La pregunta es qué tardó tanto en que los jóvenes votantes se tomaran en serio.

Los dueños de negocio (Los conectados)

Las pequeñas empresas constituyen 99.7% de todos los establecimientos comerciales en Puerto Rico. En 2017 54% de las firmas reportaron disminución de ingresos mientras los gastos operacionales subían (Federal Reserve Bank of New York, 2018). Tras María 77% de las pequeñas empresas reportaron pérdidas directas por los huracanes. Para 2020 el departamento de trabajo de la isla estimaba que 20–30% de las pequeñas empresas cerrarían permanentemente (Puerto Rico 51st, 2021).

Los negocios en Puerto Rico abren y cierran como puerta giratoria. No porque a los empresarios les falte hustle—los boricuas se parten el lomo (por no utilizar otra palabra mas vulgar)—sino porque el juego está arreglado desde la oficina de permisos hasta el proceso de compras.

El trámite de permisos de negocio se identifica una y otra vez como uno de los principales obstáculos. Se puso tan mal que en junio de 2023 el Tribunal Supremo falló que los reglamentos de permisos vigentes eran nulos (GEM Global Entrepreneurship Monitor, 2023). El gobernador tuvo que promulgar reglamentos de emergencia. Piénselo. El sistema estaba tan roto que fue declarado inconstitucional.

Pero los permisos son solo la disfunción visible. La historia real es quién sobrevive.

Si está conectado—si tiene el apellido correcto, si conoce al político correcto, si fue a la escuela con el primo de alguien que está en la junta municipal—su negocio tiene chance. Tal vez obtiene el contrato de manejo de desperdicios. Tal vez el de asfalto. Tal vez le pagan las facturas a tiempo mientras los demás esperan meses.

¿No estás conectado? Buena suerte. Good luck! La vas a necesitar para que tu negocio sobreviva.

Por otro lado, en los últimos seis meses de 2021–2022 el FBI arrestó a 6 de los 78 alcaldes de Puerto Rico por corrupción pública—todos por lo mismo: aceptar sobornos a cambio de contratos gubernamentales. Las mismas dos empresas seguían saliendo: basura y asfalto. Una foto mostró al alcalde de Guaynabo, una de las ciudades más importantes de la isla, aceptando un sobre con efectivo de un contratista (NPR, 2022).

El ex secretario de Educación y el ex director de la Administración de Seguros de Salud fueron arrestados por dirigir $15.5 millones en contratos a amigos políticamente conectados (NPR, 2019). La contratación gubernamental no es solo gran negocio en Puerto Rico: es $4,400 millones o 20% del presupuesto anual (University of Illinois, 2024).

Bajo la bandera de combatir la corrupción, el gobierno de Puerto Rico ha gastado más de $787 millones en “anticorrupción y prevención de fraude” desde 2018 (University of Illinois, 2024). Subcontrataron el trabajo anticorrupción a empresas privadas. Piénselo. Crearon toda una industria alrededor de prevenir la corrupción—y esa industria es ella misma corrupta, otorgando contratos a firmas conectadas que lucran de la apariencia de supervisión.

Esto no es negocio, esto es extracción con licencia de negocio.

Por cada empresario boricua dándose en el colmado, el taller, el restaurante 60 horas a la semana, hay un contratista conectado al que le pagan 90 días antes mientras los demás esperan 6 meses por facturas municipales. Por cada pequeña empresa que cierra porque no pudo navegar el laberinto de permisos, hay un primo de un senador cuya LLC acaba de recibir otro contrato sin licitación.

Benjamin Torres Gotay, columnista de El Nuevo Día, lo describió perfectamente: los puertorriqueños sienten cada vez más que “el gobierno no es más que una piñata a la que intereses corruptos pueden venir a saquear” (NPR, 2022).

¿Y lo que me parte el corazón? Los empresarios siguen intentando. Uno de cada cinco adultos en Puerto Rico está iniciando o dirigiendo un negocio nuevo—cuarto más alto en su franja económica, décimo a nivel global (GEM, 2023). Uno de cada cuatro adultos espera iniciar un negocio en los próximos tres años.

Eso no es ingenuidad. Es supervivencia, el real hustle boricua. Cuando el empleo formal paga $25,096 de ingreso mediano del hogar y la luz se va cada pocos meses, el emprendimiento no es una opción: es la única jugada que queda.

Pero sin conexiones, la mayoría de estos negocios no pasan del año cinco. No porque la idea fuera mala. No porque no hayan trabajado suficiente. Porque el sistema solo sostiene a los conectados mientras a los demás los desangran permisos, sobornos y un proceso de compras diseñado para extraer de la isla en vez de construirla.

Los conscientes (Los pelús)

La gente que entiende el derecho imperial, los patrones históricos, la economía colonial. Marginalizados precisamente porque su análisis amenaza la maquinaria bipartita. Construyen su propia infraestructura por necesidad. Son los profesores, filósofos, líderes comunitarios, los Tito Kayak, las Lola Rodríguez de Tió. Son nuestros líderes reales, la comunidad.

Ven todo claro y pueden cambiar casi nada excepto su propio entorno. Y cuidao’, porque la policía no protege a la comunidad, protege el capital.

Los llaman comunistas, les dicen que se vayan a Venezuela, los tildan de idealistas. Ven repetirse los mismos desastres mientras sus vecinos votan por los mismos dos partidos. Organizan, educan, construyen microredes solares y clínicas de salud comunitarias, y ven cómo las elecciones se roban de todas formas.

Pero si este ensayo es honesto sobre el punto ciego de cada otro grupo, los pelús merecen la misma honestidad. La clase consciente tiene su propio problema de fragmentación. Hablan sobre todo entre ellos. El lenguaje de la descolonización, aunque preciso, a menudo cae como jerga académica para el profesional asalariado que solo quiere que la luz no se vaya. Hay una tendencia a la pureza ideológica que rechaza aliados de coalición imperfectos, y una fatiga que a veces se cuaja en superioridad moral: yo ya sé, yo ya hice el trabajo, ustedes se niegan a ver. Esa postura puede estar ganada, pero no construye las coaliciones que de verdad ganan elecciones. Saber que el sistema está roto y hacer ese saber accesible a 3 millones de personas son dos habilidades completamente distintas. Los pelús dominan la primera. La segunda sigue en progreso.

Aun así hay movimiento. Hay esperanza.

El voto “integro” bajó del 47%/46% en 2012 al 29%/25% para 2020 (Centro de Periodismo Investigativo, 2024a). La Alianza (PIP/MVC) rechaza explícitamente el voto íntegro. En las elecciones generales de 2024 la Alianza aseguró el segundo lugar con aproximadamente 33% del voto—un resultado histórico (McConnell Valdés, 2024). La participación subió del 55% en 2020 a casi 65% en 2024 (IFES Election Guide, 2024).

El “corazón del rollo” se está desangrando. La pregunta es si la erosión se traduce en transferencia real de poder antes de que mueran las próximas 3,000 personas por fallo de infraestructura.

Maria y su “body count”

El huracán María mató aproximadamente a 3,000 personas y no por la velocidad del viento sino porque el sistema de salud colapsó y la electricidad se fue por meses. Seis días después del impacto solo 18 de 69 hospitales funcionaban en alguna capacidad. Todos los residentes perdieron luz. En municipios rurales el apagón duró más de medio año.

Esto no terminó con María.

En Nochevieja de 2024 casi 1.3 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad. En abril de 2025 otro apagón en toda la isla volvió a tumbar la red. El timeline se repite y se repite y la única variable es quién tiene generadores, quién tiene dinero y quién muere en silencio en su casa (y la dignidad donde esta?).

Los acomodados tienen infraestructura privada. Los religiosos tienen oraciones. Los profesionales tienen fatiga. Los cool tienen opiniones sobre otros países. La clase asistida no tiene nada que se parezca a un “buffer”.

Pero los apagones no distinguen a qué clique usted pertenece. La electricidad no responde a la ideología. Las máquinas de diálisis no les importa cómo votó ni si votó. Puerto Rico no tiene un problema de representación. Tiene un problema de fragmentación. El sistema sobrevive porque cada grupo explica el colapso de una forma que preserva su propia autoimagen. Nadie tiene que cambiar si el fracaso siempre puede culparse a otro lado.

El cambio sigue siendo posible. Los datos ya muestran erosión en el voto integro. Se forman nuevas coaliciones y la vieja máquina es más débil de lo que aparenta pero nada de eso importa si la gente sigue confundiendo identidad con acción.

Si las cliques se mantienen intactas, la infraestructura seguirá fallando y la gente seguirá muriendo de formas predecibles y prevenibles. Y eso no es una metáfora, es resultado de política, directa e indirectamente.

Y la cosa es esta: esto es solo lo que yo conozco. Solo lo que llegó a las noticias, lo que destaparon los periodistas investigativos, lo que me cuentan mi familia y amigos en la isla cuando hablamos. Esta es la capa visible.

Tuve una infancia hermosa. Buenos recuerdos, buenos amigos, una cultura que llevo a todas partes. Puerto Rico es la Isla del Encanto y lo digo sin ironía. Extraño a nuestra gente. Extraño nuestra comida. Nuestras hermosas playas, los bembés, la IUPI, el Yunque, nuestro calorcito, nuestro ritmo. Hacho, PR es otra cosa.

Pero siempre algo se sentía raro. No pude nombrarlo hasta la universidad, hasta que empecé a trabajar y la mecánica del lugar se hizo visible. El calor es real pero también la maquinaria de extracción debajo. Hemos sido, y somos, explotados—eso es lo que hemos aprendido—pero no tenemos que perpetuar el ciclo. La corrupción es nuestro archienemigo y tenemos que atacarla de esta misma manera.

Sí me fui de Puerto Rico a vivir a Miami, Florida (ja, irónico ahora que lo pienso). Perseguí el “sueño americano”, lo conseguí, lo perdí, lo conseguí otra vez. La mayoría no tiene esa suerte. Volver ha sido un sueño largo para mí. Pero la realidad política, la gobernanza contra el interés colectivo, la extracción lenta que he documentado en este ensayo hacen que ese sueño se sienta menos posible cada año. Esa es la melancolía. Amar un lugar cuyo liderato no te ama de vuelta.

En diciembre de 2025 la Gobernadora Jennifer González Colón, la “JGO”, firmó la Ley 156, una ley que restringe el acceso público a documentos gubernamentales. La nueva legislación duplica el tiempo que tienen las agencias para responder solicitudes de información, permite al gobierno clasificar información como confidencial sin revisión judicial y elimina protecciones de privacidad para quienes solicitan expedientes (Associated Press, 2025; Centro de Periodismo Investigativo, 2025c). El mismo gobierno que no pudo rastrear quién depende de la electricidad para sobrevivir ahora puede decidir qué se te permite saber sobre cómo opera.

Con toda la retórica de ganar y golpes en el pecho del PNP, su maquinaria mediática es tan ruidosa que uno pensaría que Puerto Rico está en auge (thriving). La última vez que siquiera alegaron salud fiscal fue bajo Pedro Rosselló a fines de los 90, cuando el gobierno presentaba presupuestos que parecían balanceados pero se construían sobre trucos contables que ayudaron a crear la crisis de deuda de $72,000 millones (Grupo CNE, 2021). ¿Recuerdan “el superávit”? También PNP. También corrupto. Así que en lo fundamental, ¿qué cambió? Y tal vez usted note que el PPD brilla por su ausencia en este ensayo; no es casualidad, porque el PPD simplemente se arrodilla más callado; la mentalidad PPD está tan colonizada que ni siquiera quiero darles palabras, así que haré solo eso.

Los boricuas discuten entre sí sobre por qué la gente se va. Cada quien tiene su explicación moral. Pero los números apuntan a un vector: nos quieren fuera. En mi caso funcionó. Sí sueño con volver algún día a una isla más sana pero no sé si el camino actual hace eso posible.

Le dije al principio: si algo aquí le apretó el estómago, esa reacción es dato. ¿Qué va a hacer usted con eso?

Fuentes

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